Ejercicio individual 1

La SGAE y la opinión pública

Tras muchos años de liderazgo, Hacienda ha dejado de ser la entidad más odiada de España. El relevo lo ha tomado la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), una asociación que se encarga de representar a todo aquel artista que quiera proteger sus obras. El conflicto está servido, pues la mayoría de la opinión pública, como refleja el dato dicho anteriormente, está en contra de las medidas que toma esta entidad.

A día de hoy, los temas de mayor actualidad y los que causan más controversia son los pertenecientes a la Ley de Economía Sostenible, que incluyen la famosa ley anti-descargas y el del canon que las empresas deben pagar por tener activada música o una emisora de radio en su negocio. Ambas medidas han causado un rechazo masivo, pues son utilizadas por la mayoría de las personas españolas, ya sean en sus casas en el caso de las descargas de contenido cultural, o en un negocio privado pagando el canon que exige la SGAE de 6 euros mensuales.

http://ecodiario.eleconomista.es/cultura/noticias/2091448/04/10/SGAE-La-musica-ayuda-a-los-negocios-no-hay-obligacion-de-ponerla.html


En este caso, se ha producido el fenómeno de opinión pública, entendido por Noelle-Neumann que afirma que opinión pública es aquella opinión que podemos expresar públicamente sin miedo al rechazo social.

En el caso particular de la SGAE el proceso de opinión pública ha sido masivo pues las críticas han llegado de forma extendida por parte de sectores sociales variados sin miedo a ningún tipo de rechazo.


Las cosas no se hicieron bien desde el principio, ya que la nueva ley promulgaba el cierre “ipso facto” de todas aquellas páginas web que violaran la propiedad privada de los artistas permitiendo descargar contenido cultural de forma gratuita, es decir, ilegal. El gran número de internautas españoles es usuario de páginas de descarga gratuita y, en consecuencia, ha decidido protestar por la forma en que el Gobierno ha planteado la ley.


Las manifestaciones se han extendido por toda España, recordando al fenómeno de opinión pública como semi-saber que se vivió los días posteriores a los brutales atentados del 11-M. En este caso la voluntad y el sentimiento son otros pero el deseo de cambio también ha existido durante estas manifestaciones.

Gracias a la voz de la opinión pública se ha conseguido que el Gobierno vuelva a estudiar esta ley y haya introducido la reforma en la que el Sistema Judicial forma parte del cierre de estas páginas web.

http://www.expansion.com/2010/01/05/entorno/1262721979.html

De esta manera lo que antes podía recordar al fenómeno de censura más rancio con el cierre instantáneo y sin avisar propio de épocas dictatoriales, pasa a ser una medida legal en la que un juez avisa al propietario de un contenido de Internet de la violación de una ley y en consecuencia debe tomar medidas por ello, obligándole a cerrar su dominio en un periodo estipulado en 4 días.

Evidentemente, ante tales críticas la SGAE ha salido en defensa de su entidad recordando al modelo de propaganda de Chomsky, pero en este caso lo que el relacionaba con política lo podemos relacionar con lo artístico, en este caso representado por la SGAE. El director de esta empresa y sus propios miembros nos intentan vender la moto diciendo que lo que ellos hacen es lícito con el objetivo de que el artista cobre por lo que es suyo. ¿Pero es realmente lícito que un pequeño comercio deba pagar 6 euros mensuales por tener la radio de fondo, o es simplemente un argumento falaz que nos intenta vender la SGAE como uso ilegal de la propiedad artística privada?

El problema del Gobierno y de la ley en sí, reside en el rechazo mayoritario de la sociedad española que ya avisado que utilizará métodos alternativos para seguir difundiendo todo tipo de material cultural. Ante tal revuelo, ya se han producido los primeros movimientos de la comunidad cibernética, que ya está recaudando firmas en contra de la normativa. Primero con el cierre momentáneo de muchas webs que difunden contenidos de carácter cultural y, posteriormente, con la elaboración de un manifiesto llamado ‘En defensa de los derechos fundamentales en internet’ elaborado por los internautas, donde se exponen las razones por las cuales se niegan a aceptar esta ley.

http://www.microsiervos.com/archivo/internet/en-defensa-de-los-derechos-fundamentales-en-internet.html

Las redes sociales también son otro de los puntos clave donde se palpa el rechazo a la ley anti-descarga. De esta manera, a día de hoy, 181.836 usuarios de Facebook forman parte del grupo “Somos más de 1.000.000 contra la ley anti-descargas, Sinde dimisión” donde se exponen alternativas para combatir lo que ellos llaman persecución cibernética.

Estas plataformas las podemos considerar como una vía más de opinión pública, ya que la gente expresa libremente lo que piensa sobre este tema concreto. En la época de la digitalización en la que vivimos también podemos considerar como periodismo ciudadano toda opinión escrita en blogs o redes sociales que contengan información sobre este tema.

Como comentó Francisco Ros, secretario de Estado de Telecomunicaciones, es imposible parar la maquinaria de Internet. La misión y a su vez la dificultad por parte de los organismos institucionales que nos representan es la regularización de Internet que consigan satisfacer al grueso de la opinión pública, aunque el hecho de que actualmente haya más de 2.000.000 millones de usuarios diarios en el mundo hace que esta tarea se antoje, cuanto menos, complicada.

http://mas.laopiniondemalaga.es/canales/derecho-internet/2010/04/15/francisco-ros-es-imposible-parar-la-maquinaria-de-internet.html

ERIC PEYRON HUERTAS
Tercero de periodismo

Bibliografía

CHOMSKY NOAM, Como nos venden la moto, Información poder y concentración de medios. Icaria editorial
LÓPEZ GARCÍA, X. y MACIÁ MERCADÉ, J. (2007). Periodismo de proximidad. Madrid: Síntesis
NOELLE-NEUMANN, Elisabeth (1995). La Espiral del Silencio, Barcelona: Paídos Comunicación

Documental

TORRES SANTIAGO. Històries de la SGAE. Televisió de Catalunya